Se investiga el rol de los agentes de inteligencia y de los funcionarios de gobierno de Milei en los operativos para amedrentar la protesta, en uno de lo cuales fue herido gravemente el fotógrafo Pablo Grillo.
La bicameral de Inteligencia abrió una investigación sobre la participación ilegal de los servicios de inteligencia y de las fuerzas de seguridad en la represión a los jubilados y citará a varios funcionarios, entre ellos, a la ministra Patricia Bullrich para deteminar su responsabilidad en los operativos. La Comisión de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia, que preside el senador radical Martín Lousteau, decidió ayer por unanimidad abrir un sumario sobre la posible participación ilegal de integrantes de la SIDE en la brutales represiones desatadas en las últmas semanas, en una de las cuales se hirió gravemente al fotógrafo Pablo Grillo.
Se estableció un cronograma de trabajo –cuyas fechas fijará el propio Lousteau— que va desde la recopilación de pruebas y documentos que aportarían las distintas Organizaciones No Gubernamentales y de Derechos Humanos que denunciaron ante la bicameral la participación de los servicios de inteligencia. Luego seguirá con la citación al renunciado Ricardo Ferrer Picado, que estaba a cargo de la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal (DNIC) del Ministerio de Seguridad, continuará con el jefe de la SIDE, Sergio Neiffert; y, por último, a la ministra Patricia Bullrich que comanda el llamado “Protocolo antipiquete”, que ella misma estableció y bajo el cual se montaron todos los operativos represivos.
Luego de la desmedida y violenta represión a los jubilados del 12 de marzo, que dejó gravemente herido al fotógrafo Grillo, el asesor presidencial Santiago Caputo convocó a una cumbre en su despacho de la Casa Rosada de la que participaron la ministra Bullrich y Neiffert, donde se habría diseñado el operativo de seguridad para la nueva protesta de los jubilados a la semana siguiente, que incluyó el vallado de todo el Congreso, el control de los vehículos que ingresaban a la Ciudad de Buenos Aires para frenar a los posibles manifestantes y hasta la amenaza represiva que se difundió por los parlantes de distintas estaciones en los ramales ferroviarios que llegaban ese día a las terminales capitalinas. Sobre esos operativos están puestas las miradas del Congreso.