19-3-2024 Buenos Aires. Argentina. Barrio de Palermo. Hospital General de Agudos Bernardino Rivadavia. Gente en la guardia con posibles sintomas de Dengue. Foto Enrique Garcia Medina
El gobierno dice que los extranjeros usan en exceso la salud pública. Sin embargo, los datos oficiales dicen que son menos del 1 por ciento. El pago de un arancel universitario. Bullrich y las “expulsiones exprés”.

 

El gobierno eligió una nueva minoría como blanco y objeto de estigmatización: los extranjeros. El vocero Manuel Adorni adelantó en su conferencia de prensa que el gobierno nacional “va a impulsar una serie de modificaciones en el régimen migratorio” para “avanzar hacia un país ordenado que cuide sus fronteras y proteja a los argentinos”.  Se trata de un proyecto de Ley que está trabajando la secretaría del Interior, que buscará modificar “qué quiere decir ser residente”, y establecer “un nuevo criterio”, con el objetivo principal de empezar a arancelar la salud y la educación universitaria.

“Las ‘medidas’ que anuncia el gobierno nacional carecen de conocimiento del funcionamiento del sistema y solo buscan provocar, generar odio y resentimiento“, dijo el ministro de salud bonaerense Nicolás Kreplak. “Clásica medida populista xenófoba: inconstitucional, discriminatoria, ignorante de la realidad, estrategia para desviar la atención”, evaluó Pablo Ceriani Cernadas, integrante del Comité de Naciones Unidas para la Protección de los Derechos de los Trabajadores Migrantes.

Para que esta medidas se concreten, el Ejecutivo deberá enviar el proyecto anunciado por Adorni –en el que trabaja la Secretaría de Interior junto a la Dirección Nacional de Migraciones– al Congreso de la Nación en sesiones extraordinarias –si finalmente se convocan– o en las ordinarias del año que viene, y ver si consiguen los votos suficientes para aprobarlo.

Según explican desde el gobierno, en la actualidad existen cuatro tipo de residencias para un extranjero: la Precaria, que es por 90 días; la Transitoria, que es por un año; la Temporaria, que es por tres años y la Permanente, que no tiene vencimiento. Lo que están buscando desde La Casa Rosada es que las universidades puedan comenzar a cobrar a los estudiantes que tengan cualquier residencia que no sea la permanente.